Mañueco se harta de Gallardo pero prefiere echar a Vox si siguen los desplantes que ir a elecciones

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tratará de forzar la salida de Vox del Gobierno si se agrava el choque interno con su socio de coalición tras la polémica generada por el plan de fomento de la natalidad anunciado por la Junta la semana pasada, según señalan fuentes del entorno del jefe del Ejecutivo autonómico. El líder del Gobierno castellanoleonés se ha cansado ya de los «desplantes» con los que su vicepresidente, Juan García-Gallardo, trata de «desplegar su propia agenda», por lo que está decidido a tomar decisiones al respecto, sostienen las mismas fuentes.

Ante este empeoramiento de la relación, el presidente de Castilla y León maneja como primera opción generar un escenario similar a lo que ocurrió en la Generalitat de Cataluña de Pere Aragonès con ERC y Junts, antes que la disolución de las Cortes y el anuncio de un adelanto electoral, que es algo que «no está en la agenda» de Mañueco en este momento, aseguran dichas fuentes cercanas al presidente.

Con todo, desde Génova no se descarta por completo esta posibilidad y se ha dado autonomía al líder regional para que la valore. «La competencia de convocar elecciones corresponde en exclusiva al presidente Mañueco, que es quien mejor conoce su región y su Gobierno», señalan fuentes de la dirección del PP sobre un adelanto que podría hacer coincidir elecciones anticipadas en Castilla y León con las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a diferencia de lo que establece el de la Comunidad de Madrid, no obliga a esta región a someterse al régimen común, y precisa que «el mandato de los Procuradores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara», potestad que corresponde al jefe del Ejecutivo autonómico.

Preguntado por la posibilidad de un adelanto de elecciones en esta comunidad, el propio Feijóo declaró este martes en Telemadrid que él es «muy respetuoso» con comunidades en este sentido y que «es el presidente (Mañueco) el que decide».

Hasta el momento lo anunciado por la Junta el pasado jueves sólo tiene reflejo en la nota de prensa de aquel día, disponible en la web de la Junta, que habla de promover «medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el apoyo integral a las familias». Y enumera las siguientes: «Garantía de asistencia por psicólogos clínicos; Protocolo de latido fetal y registro cardíaco; Ecografías 4D para gestantes; y respeto a la objeción de conciencia».

En este contexto, fuentes del PP subrayan que el presidente Mañueco fue muy claro en su declaración institucional del lunes en la que recalcó que «no existe en esta Administración ningún acuerdo tramitándose sobre la materia a la que hace referencia el Gobierno central», esto es, sobre cuestiones antiabortivas que colisionarían con la legislación estatal vigente.

Requerimiento

Ha sido aquí precisamente donde el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido poner el foco en las últimas horas, aprobando en Consejo de Ministros un acuerdo por el que «se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o el Real Decreto 825/2010 que desarrolla parcialmente esa norma».

Según Moncloa, se trata del paso previo a iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional. Ya el pasado domingo, el Ejecutivo remitió otro requerimiento abriendo la vía de un recurso a través de lo contencioso-administrativo, como ya hizo con el pin parental que aprobó el Gobierno de Murcia. El presidente Mañueco remitió este martes una carta a Sánchez en la que le pidió que abandone declaraciones y acciones contra «cuestiones ficticias» cuando hay casi 200 agresores sexuales beneficiados por la ley Montero que él mismo aprobó.

Frente a esta estrategia de Moncloa, tales fuentes del PP de Castilla y León enfatizan que «la confusión está en que no hay ninguna medida provida, sino medidas para mujeres embarazadas». «Vox ha intentado marcar una línea ideológica con este tema convirtiendo una medida sanitaria en un protocolo antiaborto», precisan dichas fuentes.

«Nos vamos a mantener firmes. No se cambia para nada el protocolo para interrumpir el embarazo, no se modifica ni en un ápice. No se puede porque es una ley estatal. Y tampoco podemos aplicar criterios de obligatoriedad a los médicos», aseveran las mismas fuentes populares.

«Aplicarlas»

Por su parte, Vox comunicó este martes públicamente que «confiamos en que se cumpla con lo pactado» y recordó que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ya manifestó estos días que corresponde ahora a la Consejería de Sanidad emitir una «orden» con las medidas que se dieron a conocer el pasado jueves en rueda de prensa. «Vox ha negociado y pactado estas medidas y ahora confiamos en que el consejero se encargue de aplicarlas con responsabilidad», expresó García-Gallardo en alusión al consejero Alejandro Vázquez.

Asimismo, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, avisó de que «si el PP se echa atrás, si incumple lo que ellos mismos han escrito, tendrán que explicarlo». En tal supuesto, Espinosa apuntó que su partido «revaluará» el pacto de Gobierno en Castilla y León, lo que no supone «necesariamente» que vaya a «romper» el Ejecutivo autonómico, sostuvo.